Como se mencionó en un artículo anterior, la forma en que las autoridades estatales y locales de Estados Unidos aplican las leyes de ese país ha impedido que aquel migrante que se encuentra ilegalmente en ese país no pueda recurrir a la seguridad pública para denunciar casos delictivos por miedo a ser deportado quedando así vulnerados sus derechos. Esta situación afecta en gran medida a aquellos latinoamericanos que viven a tierras estadounidenses y quedan desprotegidos en situaciones como robos y/o agresión sexual.
Este dato es de la Human Rigths Watch (HRW), una organización de derechos humanos que argumenta que los estados y ciudades del país deberían realizar por separado el trabajo policial en la comunidad, es decir, separar la aplicación de la normativa federal sobre inmigración. El programa que fue iniciado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), en 2008, reúne todas aquellas impresiones digitales de las personas relacionada con las denuncias y las envía al Buro Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI), para que sean comparadas.
“La función federal de identificar personas a ser deportadas no debe ser confundido con la misión del estado americano en proteger [a los pobladores] de delitos de violación sexual u otros. Cuando estas funciones se enredan y amplios sectores de personas pronuncian su temor de llamar al teléfono y al 911 frente alguna emergencia, se menosprecia la seguridad púbica”, afirmó Alison Parker, actual directora HRW en Estados Unidos.
Según Human Right Watch, entre 2009 y 2013, muchas personas con fuertes vínculos familiares en Estados Unidos se han visto afectadas por el proceso. En ejemplo de esto es el caso Manuel (seudónimo), inmigrante de Nashville, que solicitó asistencia al 911 para lidiar con un miembro de la familia en problemas y como resultado de la llamada fue sometido a un proceso de deportación. Para esta organización de derechos humanos, la situación es aún peor puesto que el Congreso no aprobó una reforma integral de la política migratoria en Estados Unidos que incluya una vía de regularización de la condición jurídica de extranjeros no autorizados.