La gobernadora Nikki Haley promulgó varias modificaciones a una ley que otorgan más facultades a la policía de Carolina del Sur para pillar a posibles indocumentados, en una decisión que podría enfrentar impugnaciones legales como otras medidas similares en otros estados.
Según los cambios, la policía estatal debe solicitar la intervención de las autoridades migratorias federales contra las personas que sospeche están ilegalmente en Estados Unidos.
También crean una nueva unidad policial para aplicar la legislación, la cual considera además como un delito grave la falsificación de identificaciones con fotografía para indocumentados.
Las personas encontradas culpables de ese ilícito grave pueden ser castigadas con una multa de 25.000 dólares y cinco años de cárcel.
Las modificaciones endurecen lo que ya eran unas de las medidas más rigurosas contra los indocumentados que viven y trabajan en Carolina del Sur.
El gobierno de México lamentó la promulgación de la ley en un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Pudiera afectar los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad”, dijo en el comunicado.
En el sitio de internet del consulado mexicano en Raleigh, México puso a la disposición una guía con recomendaciones prácticas a los habitantes de Carolina del Sur.
Haley, que nació en el condado de Bamberg de inmigrantes de la India, hizo hincapié en su origen al hacer declaraciones ante simpatizantes y críticos durante la firma de los cambios legales.
“Como hija de inmigrantes, quiero que todos estén conscientes de que este proyecto de ley tolera eso. (…) Este es un proyecto que aplica las leyes”, dijo.
Con las modificaciones, la policía puede preguntar la condición migratoria después de una detención o de una intercepción de tráfico, y no puede retener a alguien solamente por sospechar que esté en una situación migratoria irregular. Obliga a los policías a llamar a las autoridades federales de migración si sospechan que alguien está en el país ilegalmente.
Haley soslayó las versiones de que la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (o ACLU) desea impugnar la ley antes de que entre en vigencia en enero. Afirmó que tiene “una larga lista de demandas que me siguen llegando y entre más me envíen demandas, más me hacen recordar que estoy haciendo mi trabajo por el estado de Carolina del Sur”.
La ACLU dijo que la ley permitirá la discriminación contra “quien parezca o suene extranjero. La organización tiene demandas contra legislaciones similares en Arizona, Utah, Indiana y Georgia. También espera hacerlo en Alabama.
Artículo basado en: Aol Noticias.