Entre febrero y junio seis estados –Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur, Texas y Utah- aprobaron leyes migratorias inspiradas en la polémica SB1070 de Arizona. Y un séptimo, Wisconsin, busca apoyo necesario para forzar un debate.
Entre otras medidas, las legislaciones incluyen la criminalización de la estadía indocumentada –que en el resto de estados sigue siendo una falta de carácter civil no criminal-, otorgan poderes extraordinarios a las policías (estatal y municipal) para que sus agentes detengan a individuos si tienen duda razonable que se trata de indocumentados y obliga a los empleadores a inscribirse en el programa federal E-Verify, para verificar el estado migratorio de los trabajadores.
Otras medidas castigan severamente el uso de documentos de identidad adquiridos de forma fraudulenta, prohíben las denominadas “Ciudades Santuarios” y rechazan la aceptación de las matriculas consulares como forma válida de identificación.
La Ley Migratoria de Alabama
La ley migratoria HB56 de Alabama fue promulgada el 9 de junio y entrará en vigor el 1 de septiembre. Además de otorgar poderes extraordinarios a las policías para arrestar a individuos si tienen la sospecha que se trata de indocumentados, exige a las escuelas públicas que determinen la situación migratoria de los alumnos, un tema que desató miedo y un éxodo de inmigrantes sin papeles.
En Alabama viven entre 50 mil y 70 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos provenientes de América Latina, principalmente de México.
La HB56 también prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “Ciudades Santuarios”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) alista una demanda para que las cortes revisen la constitucionalidad de la ley. “Estamos en proceso de buscar personas que tengan derecho a demandar basado en lo que la ley dice”, dijo”, dijo el abogado Sigfredo Rubio.
“Por ejemplo iglesias que tengan miembros o feligreses indocumentados y que la iglesia tenga que transportarlos, o abogados que tengan clientes indocumentados y que deban transportarlos a la Corte. Estamos revisando cada sección de la ley para encontrar personas que tengan derecho a demandarla”, explicó.
“No será aprobada por las Cortes. La ley propuesta es lo mismo que trataron de pasar en Arizona, que alienta a las policías locales a detener personas determinados por el perfil racial, por las características físicas de los individuos. La Corte ya sentó un precedente”, agregó.
La Ley Migratoria de Carolina del Sur
La ley migratoria SB20 de Carolina del Sur fue aprobada por el Senado el 21 de junio y la gobernadora Nikki Haley la promulgó una semana después, el día 27. Al igual que la SB1070 de Arizona, criminaliza la estadía indocumentada.
La medida entrará en vigor en enero de 2012.
Además de criminalizar la estadía sin papeles, la SB20 exige a la policía local (estatal y municipal) revisar el estado de inmigración de sospechosos y ordena que todos los negocios revisen sus contrataciones a través del polémico programa federal E-Verify.
La SB20 hizo cambios a otra ley similar aprobada en 2008 que, entre otras disposiciones, sanciona a empresas que contraten a sabiendas a inmigrantes sin papeles.
Carolina del Sur fue el primer estado en prohibir el ingreso de estudiantes indocumentados a colegios comunitarios y universidades estatales, en rechazar las “Ciudades Santuarios” y obligar a las empresas a registrarse y usar la herramienta federal E-Verify.
Partes de la ley de 2008 no han sido implementadas por la falta de dinero.
Jorge Leone, de la organización Acercamiento Hispano de Carolina del Sur, en Columbia, dijo que “la ley es discriminatoria y no mide el efecto nocivo en la unidad familiar de muchos inmigrantes que están acá con sus hijos ciudadanos estadounidenses. El efecto que causará en la economía local será devastador”.
Activistas temen que miles de inmigrantes dejarán de ocupar las posiciones que los trabajadores estadounidenses no quieren desempeñar y se irán a otros estados en busca de oportunidades.
“En carolina del sur hay 255 mil inmigrantes legales y entre 50 mil y 70 mil indocumentados. Muchos de ellos llevan años viviendo aquí, pero últimamente han estado expuestos al ataque de un movimiento en contra de los inmigrantes muy agresivo”, dijo Leone.
La Ley Migratoria de Georgia
La ley migratoria HB87 de Georgia fue promulgada el 13 de mayo, pero el 21 de junio una corte federal aceptó revisar la medida tras una demanda interpuesta por organizaciones de derechos civiles, entre ellas la ACLU.
Una semana después de iniciadas las escuchas de los argumentos de defensores y detractores de la ley, un juez federal bloqueó partes de la legislación que, entre otras recomendaciones, criminaliza la estadía indocumentada.
El 27 de junio el juez Thomas Thrash congeló partes de la medida que castiga a personas que, a sabiendas, transporten o alberguen a indocumentados, y los poderes extraordinarios concedidos a la policía local (estatal municipal) para verificar la situación migratoria de individuos que no puedan demostrar que viven legalmente en Estados Unidos.
En el dictamen, el juez Thrash escribió que bajo partes de la legislación, el estado está ejecutando leyes de inmigración que le corresponden al gobierno federal, y sobreseyó partes de la demanda a solicitud del estado.
La medida entra en vigor el 1 de julio.
Además de otorgar poderes especiales a las policías para arrestar a indocumentados, la HB87 convierte en delito grave la presentación de documentos falsos o de información falsa en las solicitudes de empleo e impone penas a quienes dan transporte o refugio a inmigrantes indocumentados a sabiendas.
La Ley Migratoria de Indiana
El 10 de mayo el gobernador de Indiana, Mitch Daniels, promulgó un paquete de leyes contra la inmigración indocumentada en ese estado. Entre otras medidas, las legislaciones convierten en un delito el uso de credenciales de identificación expedidas por consulados extranjeros, como por ejemplo la Matrícula Consular Mexicana.
Otra niega a los indocumentados el derecho de pagar las mismas cuotas que los residentes legales del estado en las universidades apoyadas por Indiana. También revoca algunos créditos fiscales a empresas que contratan a indocumentados.
El Senado de Indiana aprobó además una propuesta que otorga multas severas y retira licencias a compañías que contraten a inmigrantes sin papeles que demuestren su estadía legal en Estados Unidos.
La SB 590 permite a los agentes de policía locales (estatal y municipal) pedir documentos de residencia a personas que sean detenidas por infracciones menores, como de tránsito, si el oficial tiene una “sospecha razonable” de que el detenido es indocumentado.
El 24 de junio la jueza federal Sarah Evams Parker bloqueó las partes más controvertidas de la HB1402 y SB590, tras una demanda de la ACLU y el National Immigration Law Center. E impidió que la policía reciba poderes extraordinarios para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos.
Otra parte bloqueada de la ley fue una medida que prohíbe a los indocumentados el uso de cédulas expedidas por consulados extranjeros como prueba de su identidad. La ACLU calcula que el consulado mexicano en Indianápolis ha emitido aproximadamente 70 mil de esas tarjetas de identificación, y señaló que esas medidas interferirían con los tratados internacionales que permiten su expedición.
La embajada de México acreditada en Estados Unidos dijo a Univision.com que entre 2001 y 2010 sus consulados han extendido 8.3 millones de matriculas, se aceptan en 265 condados, 437 concejos la consideran un documento válido de identificación, 1,426 departamentos de policía y alguaciles la permiten, la aceptan 276 instituciones financieras y en 43 estados al menos una entidad la acepta.
La Ley Migratoria de Texas
Texas debate unos 40 proyectos de ley para combatir la inmigración indocumentada en ese estado del sur.
Una de ellas prohíbe que las agencias de policía local impidan a sus agentes preguntar sobre el estatus migratorio de cualquier persona detenida, y otra frena la aprobación de las denominadas “ciudades santuario”.
A mediados de junio la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó una medida para otorgar poderes extraordinarios a las policías bajo el argumento que ayudará al combate de los delitos cometidos por los indocumentados.
Varios departamentos policiales de Texas han advertido que la ley pondrá en el ostracismo a las comunidades locales de inmigrantes y hará que muchos tengan miedo de denunciar delitos.
A principios de abril, tras una ola de protestas, el gobernador Rick Perry pidió a los legisladores que le ayudaran a abolir las “Ciudades santuario” bajo el argumento que en esos lugares se protege a indocumentados.
Texas es el segundo estado con más “Ciudades Santuario” en Estados Unidos, con 15. California ocupa el primer lugar con 31, de acuerdo con datos de Sanctuary Cities, un sitio web que agrupa y califica a las ciudades según el trato que reciben los extranjeros sin papeles.
La Ley Migratoria de Utah
En marzo el gobernador Gary Herbert promulgó la ley migratoria de Utah que exige a las personas probar su estatus migratorio si son arrestados por delitos graves (ciertos delitos relacionados drogas hasta asesinato). También concede discrecionalidad a la policía para revisar los papeles migratorios en casos de infracciones de tráfico y otros delitos menores.
La ley también obliga a las ciudades y condados gastar hasta $11 millones para verificar la identidad de personas y detener a indocumentados, mandato que le significaría al gobierno del estado un gasto anual de $1 millón.
En octubre de 2010 legisladores de Utah habían anunciado que iban a seguir tras los pasos de Arizona en materia de inmigración para identificar a las personas que viven sin papeles válidos.
En mayo de este año la ACLU pidió un mandato judicial en una corte federal de Salt Lake City para aplazar la ley. Argumentó que ésta puede obligar a las personas a probar su ciudadanía al ser arrestadas por cualquier delito, y que existe el peligro muy real de caracterización racial de parte de los agentes de la policía.
El 10 de ese mes un juez bloqueo la polémica ley migratoria de Utah.
De acuerdo a los datos del Censo 2010, en Utah viven unos 2.7 millones de habitantes, de los cuales, 300 mil son hispanos, o sea, el 13 por ciento de la población. La población latina creció un 77 por ciento en la última década.
La Iniciativa Migratoria de Wisconsin
El National Immigration Forum (NIF) reportó que desde febrero circula en Wisconsin un proyecto de ley –el LRB 1116/1- que de ser aprobado exigiría al estado la aprobación y emisión de una cédula de identidad con las características similares al “Real ID” (Ley de Identificación Verdadera), aprobado por el Congreso Federal en abril de 2005.
El proyecto señala que será la única forma válida de identificación y que la licencia de manejar, emitida por la División de Vehículos y Motores no será suficiente para garantizar una identidad o demostrar una presencia migratoria legal en el estado.
La iniciativa también permitiría a los ciudadanos demandar a los condados y ciudades si consideran que las autoridades no están poniendo en ejecución adecuadamente la ley de inmigración estatal, si esta es aprobada.
También obligaría a los funcionarios y empleados públicos a exigir a las personas que buscan algún tipo de beneficio que demuestren que tienen permanencia legal en Estado Unidos, medida similar a la contenida en la polémica ley migratoria de Arizona.
Iniciativas Bloqueadas
En el otro extremo de la lista figuran 16 estados donde fracasaron intentos por aprobar iniciativas contra la inmigración indocumentada. Pero eso no significa que vuelvan a intentarlo en la siguiente legislatura o período de sesiones.
California, Colorado, Florida, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Mississippi, Nebraska Nevada, New Hampshire, Oklahoma Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming han debatido leyes antiinmigrantes, pero al final de las discusiones sus respectivas asambleas desistieron.
El Foro Nacional de Inmigración (NFI) advirtió que en al menos 28 estados las legislaturas tienen en lista de agenda nuevos proyectos contra los indocumentados.
Los estados son: Alaska, Arkansas, Arizona, Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Hawái, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Nuevo México, Montana, Mississippi, Montana, Nebraska, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming.
El Pew Hispanic Center reportó que en Estados Unidos viven 11 millones de indocumentados y que la mayoría de ellos proviene de América latina.
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