El gobierno de México y otros 13 países latinoamericanos presentaron el martes ante la Corte de Distrito en Salt Lake City, Utah, un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae) contra la ley HB 497, promulgada en ese estado el 15 de marzo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México dijo que al recurso jurídico se sumaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
Los argumentos enviados por los 14 países formarán parte de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por diversas organizaciones que defienden los derechos civiles en contra de la HB 497, entre ellas el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la principal organización hispana de Estados Unidos, y la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU).
Inspirada en Arizona
El pasado 10 de mayo la Corte ordenó la suspensión provisional de la entrada en vigor de la polémica HB 497, inspirada en otra ley similar promulgada el 23 de abril de 2010 en el estado de Arizona y cuyas partes más polémicas también fueron suspendidas temporalmente por una corte federal.
La Cancillería mexicana señaló que la HB 497 de Utah “contiene disposiciones que criminalizan la inmigración (indocumentada) y que pueden propiciar su aplicación selectiva. Su implementación podría afectar los derechos civiles de los nacionales mexicanos que residen en Utah o visitan el estado”.
Agregó que “México continuará desplegando todas las medidas necesarias y acudirá a todas las instancias a su alcance, a fin de responder, de manera firme e inmediata, a cualquier violación de los derechos fundamentales de los mexicanos, sin importar su calidad migratoria”.
El Fallo Judicial
El 10 de mayo un juez federal de distrito Clark Waddoups bloqueó la controvertida ley de inmigración de Utah (HB 497).
Waddoups emitió su fallo horas después que entrara en vigor la medida, que entre sus puntos más polémicos contempla el otorgamiento de poderes extraordinarios a la policía para arrestar a indocumentados, pedir papeles de estadía legal a individuos y entregar al servicio de inmigración a extranjeros sin papeles.
El fallo dejó fuera de circulación la HB 497, “en espera de una nueva orden de este tribunal”, dijo el juez en su fallo sobre una solicitud presentada, entre otros, por la ACLU.
“Estados Unidos no es un país de ‘muéstrame tus papeles”, dijo Cecilia Wang, portavoz de la ACLU antes de la sentencia. “Nadie debe ser objeto de investigación, detención y arresto sin ninguna sospecha de actividad criminal”.
Como en Arizona
La ley de Utah es similar a la SB 1070 de Arizona, una legislación que dividió a Estados Unidos y provocó reclamos de varios presidentes de América Latina, especialmente de México.
La ley SB 1070 de Arizona por primera vez en la historia de Estados Unidos convirtió la inmigración ilegal en un delito estatal.
Según datos del Pew Hispanic Center, en Estados Unidos viven 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Además de Utah y Arizona, Alabama y Georgia aprobaron recientemente leyes similares, mientras que el Florida la Asamblea estatal decidió el último día no debatir un proyecto basado en la ley de Arizona.
Tema Pendiente
El problema de la inmigración indocumentada sigue siendo un tema no resuelto durante el gobierno del presidente Barack Obama, quien durante la campaña presidencial prometió que lo resolvería en el primer año de ejercicio con una reforma migratoria comprensiva.
Según académicos, la inmigración entra dentro de la esfera del gobierno federal y cualquier estado que intente decirle al gobierno nacional cómo hacer cumplir las leyes de inmigración corre peligro de incurrir en actitudes inconstitucionales.
Los tribunales han sido de ese parecer hasta ahora. La decisión de un juez de distrito de dejar en suspenso aspectos claves del proyecto de Arizona fue refrendada por un tribunal de apelaciones, tras lo cual la gobernadora de ese estado, la republicana Jan Brewer, dijo que está dispuesta a acudir a la Corte Suprema.
Competencia Federal
“La principal razón de que lo de Arizona no funcione es que el estado está haciéndose cargo de las leyes de inmigración”, que son de competencia federal, señaló el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Arizona Paul Bender. “La legislación de Utah es inconstitucional por las mismas razones”.
Si bien la legislación de Utah podría ser descartada porque usurpa la autoridad federal, el estado tomó sus recaudos y su proyecto no es “tan abiertamente inconstitucional”, pues no incluye dos aspectos que sí incorporaba la ley de Arizona, dijo Bender.
Por un lado, se eliminó una cláusula que obligaba a la policía a corroborar la ciudadanía de una persona si hay “sospechas justificadas” de que está en el país ilegalmente, haya o no cometido un delito. Bender opinó que ello es imposible sin incurrir en una caracterización racial.
La legislación de Utah estipula que la policía debe corroborar la ciudadanía de una persona si es detenida por un delito grave. Si se cometió una infracción menor, queda a discreción del agente el que averigüe el status migratorio o no, pero puede hacerlo únicamente si la persona no tiene una identificación válida.
En Utah, por otro lado, en el 2013 entrará en vigor un programa que permite a los indocumentados con trabajo vivir y trabajar en el estado. Por ello, se considera que la legislación de Utah es mucho más moderada que la de Arizona.
Artículo basado en: Univision.com