Para contrarrestar el tono que le han dado a la inmigración ilegal estados como Arizona y Alabama, activistas comenzaron a promover un proyecto estatal que protegería de deportación a ciertos inmigrantes que viven en el país sin documentos legales.

“En un año de elecciones presidenciales como este, un gran estado como California puede cambiar el modo de ver la inmigración. California es influyente y puede volver a serlo esta vez”, dijo Antonio González, presidente del Instituto William C. Velasquez.

Agregó que estados como Alabama y Arizona propusieron medidas contra los indocumentados en respuesta a la inacción del gobierno federal en materia de inmigración. “Ahora nosotros queremos responder a esta misma inacción pero con una propuesta de ley en favor de los indocumentados”.

Activistas comenzaron a recaudar firmas en Los Angeles para concretar una iniciativa de ley que incentivaría a ciertos inmigrantes sin documentos legales a pagar sus impuestos estatales a cambio de protección contra la deportación.

“Ellos tendrían un incentivo para dejar de trabajar ilegalmente y pagar impuestos”, explicó González.

El proyecto tiene que estar avalado por medio millón de firmas de votantes para ser incluido en la papeleta electoral de noviembre como propuesta de ley. De ser aprobada por los votantes, los inmigrantes sin documentos tendrían que pagar sus impuestos estatales. A cambio, California negociaría con el gobierno federal una exención que identifique a los beneficiarios y su familia como inmigrantes “deportables” de baja prioridad.

De convertirse en propuesta de ley y ser aprobada en las urnas, la llamada Ley de Oportunidad y Prosperidad de California beneficiaría a unos dos millones de inmigrantes en California, que pagarían unos 325 millones de dólares al año a las arcas estatales, de acuerdo a organizadores.

“Durante muchos años hemos tratado de enviar un mensaje de reforma migratoria pero no entienden o no les importa. Ahora tenemos esta estrategia que usa algo que ellos sí entienden: dinero, para convencerlos de que los inmigrantes indocumentados son importantes para la economía y que merecen ser tratados como humanos”, dijo Sergio Trujillo, portavoz de Hermandad Mexicana Latinoamericana.

El proyecto fue rechazado por Glenn Spencer, activista antiinmigración ilegal y fundador de la organización American Patrol, quien dijo que la medida será rechazada por los votantes.

“Quieren que California negocie con el gobierno federal para hacer algo que quebrante la ley. ¡Por favor! De qué están hablando. Esta propuesta no va a ir a ningún lugar”, dijo Spencer. “Probablemente puedan conseguir las firmas para convertir el proyecto en propuesta de ley y recauden todo el dinero que quieran pero el pueblo votará en contra”.

El proyecto comenzó a andar en diciembre, cuando el asambleísta estatal Felipe Fuentes, demócrata de Los Angeles, lo presentó en diciembre ante la Produraduría General de California. Hasta ahora, dicen los organizadores, se ha invertido dos millones de dólares y se necesitan otros 10 millones para convertir el proyecto en iniciativa de ley.

“Nos cansamos de esperar al (gobierno del presidente Barack) Obama”, explicó González. “Básicamente, esta es una medida de protección para indocumentados mientras el Congreso decide que es lo que hará en relación a la inmigración ilegal”.

Los solicitantes también tendrían que estar libres de antecedentes penales, saber o estar aprendiendo inglés, no ser una carga pública y haber vivido en California desde el 2008.

Y aunque la ley también libraría de responsabilidad legal a los empleadores de los beneficiarios, “no sería una amnistía ni una vía para obtener la residencia o ciudadanía”, explicó González.

“Funcionaría por cinco años, con la posibilidad de que la Legislatura la extienda luego”, añadió.