Los congresistas demócratas acudieron la semana pasada a una estrategia legislativa para obligar una votación sobre un proyecto de ley de inmigración sin restricciones, que convertiría la obtención de la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes que habitan de forma irregular en Estados Unidos en algo más sencillo y además reforzaría la seguridad fronteriza.

La gestión tiene como finalidad de presionar a republicanos en un año de elecciones a pesar de ser conscientes de tener un éxito poco probable.

Frente al Capitolio, los asistentes sustentaron que cuentan con los votos necesarios en la Cámara de Representantes para poner en marcha el proyecto de ley que garantice la posibilidad de la ciudadanía a unas 11 millones de personas.

Los demócratas mostraron una petición que solicita la firma de 218 legisladores para actuar, medida con escasas posibilidades de éxito debido a que los republicanos, incluso los que defienden la reforma de inmigración, no están dispuestos a desafiar a su liderazgo. Los demócratas poseen 199 bancas en la cámara baja y requerirían decenas de republicanos para imponer la medida.

Los republicanos prefieren no votar sobre un tema tan polémico en un año de elecciones, sobre todo ante los abundantes indicios de que conseguirán avances notables en los comicios de noviembre.

Luego de meses de gestiones conciliatorias, el presidente Obama emitió una declaración ensalzando la posición demócrata y fustigando a los republicanos.

“La reforma de inmigración es lo conveniente para nuestra economía, nuestra seguridad y nuestro futuro”, mencionó Obama. “Una gran mayoría del pueblo estadounidense concuerda. Lo único que se opone es la renuencia de los republicanos en el Congreso de ponerse al día con el resto del país”.

El Senado aprobó en junio del 2013 un proyecto de ley sin restricciones, pero la medida está atascada en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, donde defienden una reforma progresiva. La gestión no prosperó y los proyectos de ley aprobados a mediados del año pasado por la Comisión Judicial siguen sin ser considerados.

Los republicanos mantuvieron que si no es aprobada la reforma este año podría tener un costo político en los comicios presidenciales porque los hispanos y a los asiáticos votan habitualmente a favor de los demócratas.