El  jueves 13 de marzo durante un evento en la Casa Blanca, el presidente Obama encargó al Departamento de Seguridad Nacional que la aplicación actual de las leyes de inmigración sea chequeada para analizar la posibilidad de implementarla “de una manera más humana”. Esta decisión ha sido informada por la Casa Blanca luego de una reunión del presidente con otros tres líderes del Caucus Hispano del Congreso y significa la esperada respuesta del mandatario estadounidense a las duras críticas que ha recibido últimamente por su récord de deportaciones.

Según un comunicado de la Casa Blanca, Barack Obama ha insistido en su preocupación por el dolor que sienten muchas familias ante las separaciones que provoca un fallido sistema de inmigración. Si el presidente emplea su poder ejecutivo para alterar el reglamento de deportaciones habrá cumplido un gran deseo de la comunidad hispana. En los próximos días, Estados Unidos alcanzará a la cifra de dos millones de personas indocumentadas que han sido deportados del país desde la llegada del  mandatario a la presidencia. Dicha es bastante superior a la de sus predecesores, George W. Bush y Bill Clinton, y ha puesto en riesgo el soporte de la comunidad hispana al presidente, quien incluyó la reforma migratoria entre sus promesas de campaña en 2008 y 2012.

La crisis de las deportaciones, que ha sido reconocida por el mismo Obama en distintas ocasiones, ha sido uno de los pruebas a favor de la reforma migratoria últimamente.

Obama siempre se ha negado, replicando que las leyes las tienen que ver en el Congreso. Sin embargo, en su discurso sobre el Estado de la Unión, advirtió al Partido Republicano que estaba listo para firmar órdenes ejecutivas si no permitían negociar las propuestas demócratas. La comunidad hispana estaba atenta y ahora presiona al presidente puesto que si puede firmar esas órdenes en otros ámbitos, ¿por qué no puede parar las deportaciones?

En abril, varias agrupaciones convocarán una gran marcha en diferentes ciudades de todo el país para solicitar al presidente que ponga fin a las deportaciones.

El senador Menéndez también se ha incorporado a los más críticos con la tasa de deportaciones, que considera de “innecesarias” y una “tragedia”. Obama señala que tiene las manos atadas y que debe esperar la iniciativa del Congreso, pero esta estrategia amenaza con venirse abajo. El presidente apostó en 2009 por dos vías hacia la reforma: en el ámbito legislativo, solicitó a la Cámara de Representantes y al Senado que se enfocaran en una nueva legislación para transformar el sistema; en el ejecutivo, promovió la aplicación de las leyes de inmigración existentes.

Seis años después, la falta de iniciativa legislativa y el cumplimiento de unas normativas obsoletas han significado que la Administración bata récords históricos de deportaciones. El presidente no ha conseguido persuadir a los republicanos de que el sistema actual no funciona y de que sí pueden confiar en él para aplicar las leyes que aprueba el Congreso.