Activistas y líderes religiosos exigieron el final de un programa que facilita el intercambio de información entre policías locales y las autoridades de inmigración y que, dicen, propicia una mayor deportación de inmigrantes indocumentados.
Los manifestantes se plantaron frente a las oficinas del gobernador Andrew Cuomo para que tome la misma decisión que tomó el gobernador de Illinois, Pat Quinn, quien anunció recientemente que su estado se retira del programa Comunidades Seguras porque promueve la deportación de personas que no han cometido crímenes.
Bajo el programa, la policía local envía la información de las huellas dactilares de las personas arrestadas a varias bases de datos federales -incluidas las de inmigración- con el propósito de identificar a los encarcelados, conocer sus antecedentes judiciales así como su estatus migratorio en Estados Unidos.
El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dice que el objetivo de Comunidades Seguras es mejorar y modernizar la identificación y expulsión de criminales del país.
“Es injusto”, dijo el reverendo dominicano Omar Almonte, en representación de la comunidad pastoral de Brooklyn. “Este programa divide a familias y desarrolla un sentimiento de miedo en la comunidad. Hay gente que no viene a ninguna actividad por miedo a que la arresten”.
El ex gobernador David Paterson suscribió el convenio con el ICE para todo el estado de Nueva York. Entró en vigencia el 11 de enero. A la fecha, más de un tercio de los 62 condados lo han implementado, según las cifras de la organización New York Immigration Coalition.
En el plantón, los activistas dijeron que Comunidades Seguras promueve la deportación de indocumentados que no han cometido ningún delito. También dijeron que el programa refuerza la detención de personas por su caracterización racial, destruye la confianza entre los inmigrantes y la policía y envía a personas, que han cometido infracciones menores como conducir sin licencia de conducción a cárceles remotas desde donde serán deportados.
Desde octubre del 2008 – mes en que el empezó a usar el programa en el país – hasta el 31 de marzo, 101.741 personas han sido deportadas tras ser identificados en las cárceles bajo el programa. De ellas, 72.445 eran inmigrantes que cometieron algún tipo de delito, dijo Michael Gilhooly, director de comunicaciones de ICE para el noreste de EEUU.
El vocero no especificó a qué delitos se refería.
En Nueva York, de 11 inmigrantes que fueron deportados de 11 de enero a 31 de marzo, 3 cometieron algún crimen y ocho se encontraban en el país sin autorización legal.
Liba Graber, del Foro Nacional de Inmigración -organización que agrupa a decenas de organizaciones pro-inmigrantes- cree que está demostrado que la mayoría de deportados bajo el programa han cometido delitos menores o ningún tipo de delito.
El ICE “dice que se enfoca en deportar a criminales pero eso no es lo que está haciendo”, dijo. “El impacto es realmente significativo. Es algo dañino para nuestra sociedad y la comunidad inmigrante. Estos son inmigrantes que tiene casas, hijos y vidas aquí, y que están contribuyendo a nuestra sociedad”.
La oficina del gobernador no respondió solicitudes de Associated Press para hablar sobre el tema.
Los líderes de organizaciones que forman el New York State Interfaith Network for Immigration Reform encendieron velas y rezaron frente a las oficinas de Cuomo en Manhattan.
A nivel nacional, la iniciativa está siendo usada en 1.286 jurisdicciones -condados y ciudades- de 42 estados, señaló el vocero Gilhooly.
Nicole Navas, portavoz de ICE, defendió el programa diciendo que éste cumple con la política del gobierno de Barack Obama de marcar como prioridad la deportación de criminales.
“Comunidades Seguras es una parte clave a la hora de transformar nuestro enfoque en el control de inmigración porque centra nuestros recursos en aquellas personas que se encuentran en el país ilegalmente, y que también han infringido leyes criminales”, dijo.
El reverendo argentino Fabián Arias, de la iglesia luterana Zion en Manhattan, destacó durante la protesta que él no está en contra de procesar a criminales.
“Uno tiene que ser juzgado por un delito, yo no digo que haya impunidad”, señaló. “Pero ser indocumentado no es un acto ilegal por el que se tenga que ser juzgado”.
El gobierno del presidente Barack Obama deportó una cifra récord de 392.862 personas en el año fiscal 2010, según datos del Departamento de Ciudadanía e Inmigración. Ello le ha valido los reproches de la comunidad hispana que esperaba con ansias cumpliera la promesa electoral de impulsar una reforma migratoria integral.
En un discurso durante el desayuno anual de oración hispana en Washington DC, Obama recordó también partes de la historia nacional, cuando las comunidades religiosas ayudaron a darle forma al país.
