Entre los años 1992 y 2012 se ha producido un gran aumento en el número de personas que han sido sentenciadas en los tribunales federales y esto se debe a que son varias las personas que vuelven a entrar a Estados Unidos sin permiso; según investigaciones de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos por parte del Centro Pew de Investigaciones.
Durante este período, la cantidad de sentenciados acrecentó en más de 100%, de 36.564 a 75.867, según el informe del Centro Pew. De igual manera, el número de sentencias por reingreso ilegal al país aumentó 28 veces, de 690 a 19,463. Este aumento constituye el 48% del alza en las sentencias en el sistema de tribunales federales durante el período.
Entre los años 1998 y 2010, el incremento de sentenciados por violaciones de leyes de inmigración representó el 56% del acrecimiento de convictos en prisiones federales.
Uno de los encargados de este análisis mencionó que el aumento se debe a la mayor fuerza con que se emplean las leyes de inmigración por parte de las autoridades federales.
No obstante, a pesar del incremento de sentenciados por reingreso ilegal, entre 2005 y 2011 el número de detenidos en las fronteras bajó en más de la mitad, de 1,2 millones a 340.000. Pero es a partir de 2011 que el número de detenciones en la frontera aumentó hasta llegar a un total de 421.000 en 2013.
Los hispanos sentenciados aumentaron y en 1992 los hispanos constituyeron un 23% de todos los sentenciados. Del mismo modo, el total de sentenciados sin documentos legales para vivir en el país aumentó de 12% a 40% en el período.
Estas sentencias en los tribunales federales pertenecen a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en 2005. Anteriormente, a los inmigrantes que eran detenidos en la frontera se les permitía regresar a México voluntariamente sin ninguna penalidad. Pero desde 2005, la Patrulla Fronteriza ha reducido el número de personas a las que aprueba retornar a su país voluntariamente, a la vez que ha aumentado el uso de otras estrategias, encausamiento penal por ingreso ilegal y un aumento de las llamadas deportaciones expeditas, que no requieren revisión judicial.
Estas estrategias buscan romper el ciclo del contrabando humano e impedir que esas personas vuelvan a intentar ingresar a Estados Unidos sin autorización.